En el Perú, en la zona amazónica, se cuenta con al menos 40, pertenecientes a 16 familias lingüísticas; y, en los Andes, se encuentra el quechua, la lengua geográficamente más extendida y la que cuenta con el mayor número de hablantes, y el aimara, presente sobre todo en el altiplano del sur peruano.
Ahora bien, esta diversidad de lenguas en América Latina se ordena socialmente según un patrón diglósico, instaurado desde el período histórico colonial: las lenguas europeas se erigen en las lenguas del poder y de la esfera oficial y pública, en tanto que las lenguas indígenas quedan relegadas al ámbito privado y las expresiones folclóricas. De esas circunstancias se derivan algunas consecuencias:
Los espacios lingüísticos del español, portugués o francés no pueden ser vistos como homogéneos; más bien, contienen variadas situaciones de contacto con las lenguas indígenas, de lo cual se originan diversos tipos de transferencias: préstamos léxicos; interferencias gramaticales en ciertas variedades sociales del francés, español o portugués; variedades criollas, etc.
La tensión que se crea entre las lenguas europeas y las indígenas conduce con frecuencia hacia el debilitamiento y aun la desaparición de las últimas. Se ha adoptado un mecanismo predominantemente excluyente, de tal manera que la consolidación de unas lenguas se da expensas de las otras. Y, en relación con los hablantes de esas lenguas, se ha generado un imaginario y una práctica social en la que se dan diversas categorías de “ciudadanía”, según la lengua o variedad de lengua que hable, con distintos niveles en el ejercicio de los derechos democráticos.
El multilingüismo del mundo está atravesado por la diglosia. En el conflicto de las lenguas también suele imperar la ley del más fuerte y, en consecuencia, en la convivencia social no están ausentes la desigualdad, la imposición y la exclusión. Se hace necesario, pues, pensar en políticas lingüísticas que moderen la experiencia del “vivir juntos”.
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